Prisoners Defenders ha recibido un estremecedor testimonio manuscrito dirigido a nuestra organización por parte del preso de conciencia Denys Hernández Ramírez, condenado a 6 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente durante el 11J de 2021. En sus cuatro páginas denuncia golpizas, aislamiento prolongado, privación de alimentos y agua, amenazas de muerte y represalias sistemáticas por defender sus derechos. Excarcelado bajo libertad condicional en enero de 2025, fue devuelto a prisión el 24 de marzo de 2026. Ahora revela que un agente de la Seguridad del Estado le ofreció recuperar la libertad a cambio de convertirse en informante y, tras negarse, lo amenazó con ordenar a otro recluso que lo apuñalara. Prisoners Defenders denuncia su gravísima situación de riesgo y exige su liberación inmediata.
En Madrid, España, a 20 de octubre de 2026. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders ha recibido una carta manuscrita de cuatro páginas, remitida desde prisión por Denys Hernández Ramírez, manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) y preso de conciencia cubano, uno de los presos incluidos en la denuncia “1.000 familias cubanas vs. Gobierno de Cuba”, en la que describe con precisión una sucesión de agresiones físicas, castigos arbitrarios, aislamiento, privación de condiciones materiales básicas, amenazas y persecución ideológica sufrida desde su detención en julio de 2021 hasta su nuevo encarcelamiento en 2026. El documento constituye un testimonio directo de enorme relevancia, no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino porque identifica fechas, circunstancias, otros presos que presenciaron o sufrieron los episodios y varios de los agentes a quienes atribuye responsabilidades. En la denuncia “1.000 familias cubanas vs. Gobierno de Cuba”, el caso de Denys Hernández Ramírez fue incluido junto con un dictamen jurídico completo sobre su caso particular que identificó la comisión por parte del régimen cubano de 6 de las 7 violaciones troncales del debido proceso que Cuba ejercita de forma sistemática contra los presos políticos en Cuba:
- Denys sufrió el arresto y procesamiento por ejercicio de derechos fundamentales.
- Denys sufrió la imputación de tipos delictivos usados que violan principios penales fundamentales.
- Denys sufrió medidas cautelares sin tutela judicial.
- Denys sufrió la ausencia de abogados defensores independientes.
- Denys sufrió la ausencia de independencia e imparcialidad judicial.
- Denys sufrió la violación de garantías con respecto a los testimonios y las pruebas periciales.
La acusación quizá más alarmante, aunque todas son escandalosamente graves, se refiere a una amenaza de asesinato dentro de la prisión, mediante la intervención de otro recluso presuntamente dispuesto a actuar por órdenes de la Seguridad del Estado. Denys Hernández Ramírez afirma en su carta manuscrita que, antes de ser trasladado nuevamente al penal de Guanajay, un agente le ofreció recuperar su libertad si aceptaba colaborar como informante. Al rechazar la propuesta, el funcionario le amenazó de muerte y le advirtió que ya había un preso esperando instrucciones para apuñalarlo. También le anunció una brutal paliza si denunciaba públicamente lo sucedido o los abusos penitenciarios. Por su concreción, el contexto en que se produjo y la reiteración de amenazas y malos tratos precedentes, esta denuncia exige una respuesta urgente de protección.
No se trata de la primera vez que Denys Hernández Ramírez denuncia las torturas y la violencia penitenciaria. Ya en octubre de 2024, desde la prisión de Guanajay, relató directamente a Martí Noticias los golpes, las humillaciones, las condiciones insalubres y los castigos contra presos políticos del 11J. En diciembre de 2023, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) había documentado amenazas contra él por denunciar arbitrariedades penitenciarias. Prisoners Defenders también denunció expresamente su regreso arbitrario a prisión en su informe mensual de abril de 2026, tras la revocación de su libertad condicional sin que, según declaró su madre, se ofrecieran pruebas ni fundamentos legales que justificasen la medida.
Este nuevo testimonio adquiere una dimensión especialmente grave por los antecedentes de violencia contra prisioneros políticos mediante la utilización de reclusos comunes. En nuestro informe de abril de 2026 recogimos denuncias sobre agresiones sexuales y tentativas de agresión perpetradas por presos comunes contra manifestantes del 11J en la propia prisión de Guanajay, con presunta participación o permisividad de funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado. Estos antecedentes no demuestran por sí solos que la amenaza contra Denys Hernández Ramírez vaya a ejecutarse, pero revelan un contexto de riesgo que las autoridades están obligadas a prevenir.
El caso tampoco puede entenderse al margen del deterioro general de los derechos humanos que documentamos en nuestros últimos doce informes mensuales. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Prisoners Defenders incorporó 318 nuevos presos políticos a su registro, una media de 26,5 al mes. Nuestro informe de septiembre de 2026 documentó un récord de 1.351 prisioneros políticos, incluyendo tanto a personas encarceladas como a quienes padecen condenas o medidas de restricción de libertad fuera de prisión, después de 50 nuevas incorporaciones y 38 bajas durante ese mes. Entre ellos figuran 152 mujeres y 40 personas que eran menores de edad cuando fueron detenidas. Además, hemos documentado 476 presos políticos con enfermedades que permanecen entre rejas, sometidos a una negación parcial o total de asistencia médica, y 53 presos políticos con graves afecciones psicológicas, psiquiátricas o cognitivas incompatibles con las condiciones penitenciarias.
Esta evolución confirma, una vez más, un patrón represivo que Prisoners Defenders ha venido exponiendo reiteradamente: la criminalización de la protesta pacífica, las detenciones sin tutela judicial, los procesos penales carentes de garantías, la utilización de la prisión como instrumento de castigo ideológico y la prolongación de la persecución mediante vigilancia, restricciones y amenazas contra quienes son excarcelados. En nuestro informe especial 5 años después del 11J: el régimen cubano se prepara para la próxima protesta, publicado el 30 de junio de 2026, analizamos precisamente la evolución de estos mecanismos, incluida la vigilancia digital, la identificación preventiva de disidentes y la criminalización anticipada de la expresión política.
Los hechos denunciados por Denys Hernández Ramírez también presentan múltiples coincidencias con los 15 patrones de tortura identificados por Prisoners Defenders en su Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba, publicado en mayo de 2023 y basado en una investigación cuantitativa y cualitativa de 181 víctimas. Los episodios que describe —violencia física, amenazas, aislamiento, condiciones degradantes, privación de asistencia médica y utilización de la situación penitenciaria para quebrar la voluntad política, entre otros— reproducen las prácticas denunciadas reiteradamente por nuestra organización.
La historia de Denys Hernández Ramírez refleja cómo el castigo político puede extenderse durante años y continuar incluso después de una excarcelación. Su caso une el encarcelamiento por manifestarse pacíficamente, las represalias por denunciar abusos, el sometimiento a trabajo obligatorio durante la libertad condicional, la vigilancia de sus opiniones en redes sociales y el retorno a prisión cuando se negó a renunciar a sus convicciones. Su carta permite reconstruir esa persecución desde la voz de quien la sufre.
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