Cortesía. Prisioners Defenders
Mayo confirmó que el régimen cubano ha elegido profundizar la represión como respuesta al colapso social, político, económico y humanitario del país. Ante apagones, hambre, falta de agua y deterioro extremo de la vida cotidiana, las autoridades intensificaron detenciones, militarización, allanamientos violentos, amenazas y procesos penales arbitrarios. Prisoners Defenders documentó 28 nuevos presos políticos en Cuba, muchos vinculados a las protestas de Antilla, Holguín, frente a solo 7 bajas de la lista. Tres cumplieron íntegramente sus condenas; una corresponde al único preso político de entre los 2.010 beneficiarios anunciados (todos presos comunes, salvo uno); dos son destierros forzados, los de Sissi Abascal Zamora y Jorge Fernández Era; y otra es la muerte bajo custodia de Ernesto Brieva Sempé, tras la negación de atención médica adecuada. El balance es demoledor: casi cinco nuevas víctimas por cada salida de prisión. Las excarcelaciones propagandísticas no frenan el crecimiento de la represión: el poder se preserva castigando sin límites a una ciudadanía exhausta y vulnerable.
28 nuevos presos políticos en mayo
Lejos de limitarse a activistas u opositores conocidos, ya desde 2021 la persecución alcanza a todos los sectores de la sociedad: profesionales, madres de familia, activistas humanitarios, menores, usuarios de redes sociales o ciudadanos que simplemente protestan por la falta de electricidad, agua o alimentos. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, las amenazas contra familiares, las torturas durante los interrogatorios y el uso sistemático de la prisión provisional como mecanismo de castigo se han consolidado como prácticas habituales del régimen. Los casos que exponemos en este informe reflejan cómo las autoridades cubanas continúan criminalizando el ejercicio pacífico de derechos fundamentales y respondiendo a la creciente crisis social con más represión contra la población.
El régimen intensifica la persecución contra las mujeres
Sordey Ballester Horta, médica dermatóloga de la provincia de Matanzas fue detenida a mediados de mayo de 2026 mientras esperaba transporte para dirigirse a su trabajo en el hospital de Cárdenas.
De acuerdo con el testimonio de su familia, la doctora habría tomado una fotografía de un cartel con la consigna “Abajo la dictadura” que apareció en la localidad de Santa Marta, Matanzas. Poco después, varios agentes la arrestaron presuntamente por realizar la fotografía. Cuando preguntó la razón de su detención, los oficiales le respondieron que se encontraba “en el lugar y el momento equivocado”. Según personas cercanas a ella, Sordey Ballester Horta es una mujer tranquila, cristiana y sin antecedentes de conductas conflictivas.
La presa política Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez volvió a ingresar en prisión tras ser detenida junto a su padrastro Luis Alberto Reyes López durante las manifestaciones vecinales de Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, La Habana, originadas por más de 4 días sin suministro de agua e interminables cortes de electricidad. Según testimonios familiares, Yunaiky no lideraba la protesta, sino que intervino en defensa de un vecino menor de edad que estaba siendo golpeado por la policía. Como consecuencia de esta nueva detención, las autoridades cubanas revocaron el beneficio de excarcelación que le había sido concedido el 27 de febrero de 2025 en el marco del acuerdo entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Cuba. Desde la estación policial, Yunaiky denunció en un vídeo haber sido golpeada, asfixiada y recluida en una celda junto a varios hombres. Posteriormente fue trasladada al centro de detención El Vivac.
Yunaiky fue condenada por el fabricado delito de “sedición” (un delito proscrito por Naciones Unidas y su Comité contra la Tortura desde 2022), al igual que otros más de doscientos manifestantes pacíficos, como represalia por las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Inicialmente recibió una sanción de 14 años de privación de libertad, que posteriormente fue reducida a 8 años por el Tribunal Supremo Popular.
Durante su encarcelamiento en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, en La Habana, Yunaiky denunció numerosas y reiteradas vulneraciones de derechos humanos. Además, Yunaiky padece de asma, afecciones renales, hipotiroidismo y vitíligo, lo que no impidió que a lo largo de su condena fuera sometida a confinamientos en celdas de castigo, su traslado a regímenes de mayor severidad, las restricciones de visitas y comunicaciones, así como agresiones físicas por parte del personal penitenciario. Sus familiares igualmente han denunciado episodios de maltrato, aislamiento y amenazas de apertura de nuevas causas penales, y ahora además denuncian que las autoridades pretendían trasladarla al Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, obligándola a elegir entre el internamiento psiquiátrico o el regreso a prisión. Esta amenaza, cumplida en ocasiones, es un recurso frecuente de las autoridades cubanas para doblegar a los desafectos con la “revolución”. Yunaiky comenzó una huelga de hambre y sed el 5 de junio.
Yamilka Mora, activista cubana reconocida por su labor comunitaria y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Holguín, fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el pasado 22 de mayo en Holguín. Según las denuncias difundidas por allegados, había sido citada esa misma mañana por la Policía Política a la unidad policial conocida como El Anillo y, una vez allí, fue detenida y trasladada a la Unidad de instrucción penal.
Su detención se produjo como represalia por las publicaciones y contenidos que difundió sobre la protesta ocurrida el 19 de mayo de 2026 en Antilla, Holguín, constituyendo un castigo por el ejercicio de su libertad de expresión y su labor de denuncia y visibilización de acontecimientos de interés público. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer detalles oficiales sobre los cargos formulados en su contra ni sobre su situación jurídica.
Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores de edad, fue sometida a un proceso penal en un contexto de hostigamiento, amenazas e intimidación por parte de agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Según denunció antes de su juicio, las autoridades la responsabilizaban a ella por las actitudes críticas y denuncias públicas realizadas por su padre, el periodista cubano exiliado Armando Campuzano Guyón. Entre las amenazas recibidas, agentes estatales le habrían manifestado que iba a “pagar por el gusano de tu padre”, además de ejercer presiones sobre su entorno familiar y verter amenazas relacionadas con sus hijos menores.
El 15 de abril de 2026 fue juzgada por un presunto delito de “Atentado”, vinculado a una falsa agresión contra una agente de la PNR. La Fiscalía solicitó inicialmente una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, el pasado 2 de junio se confirmó una condena de 2 años de privación de libertad, tras lo cual fue trasladada a la Prisión de Mujeres de El Guatao, en La Habana. Los delitos contra la autoridad, como el “Atentado”, son usados con extrema frecuencia para fabricar penas de cárcel y castigar a los desafectos.
Su padre ha denunciado que la condena constituye una represalia política por su activismo y sus críticas al régimen cubano desde el exilio, así como por la publicación de su libro “Cuba, el Titanic del Caribe”. También denunció la ilegalidad del proceso judicial y señaló antecedentes de activismo de su hija, entre ellos la exhibición en 2021 de una sábana con la consigna “Patria y Vida”.
Tras la ratificación de la sentencia, Wendolín Campuzano Almaguer inició una huelga de hambre y sed en la Prisión de Mujeres de El Guatao. Permanece incomunicada, lo que ha generado una creciente preocupación por su estado de salud.
La encarcelación de Wendolín Campuzano ha dejado a sus tres hijos menores de edad privados del cuidado de su madre, una circunstancia que agrava el impacto humano de la condena. Este caso se suma al de muchas otras madres presas políticas cubanas cuyos hijos menores quedaron privados de su cuidado y protección debido a su encarcelamiento, una situación que Prisoners Defenders identificó y denunció el pasado mes de abril como una urgencia humanitaria que requiere atención prioritaria. Entre estos casos se encuentran Lizandra Góngora Espinosa, madre de cuatro hijos menores; Dariannis Guerra Suárez, madre de tres hijos menores; María Cristina Garrido Rodríguez, madre de dos hijos menores y Yennys Artola del Sol, quien permanece encarcelada sin poder ver a su hijo menor de edad.
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