Las nuevas normas permiten la participación de mipymes nacionales y empresas extranjeras en la exploración y producción.
las refinerías cubanas podrán vender combustible directamente al público, siempre que obtengan una autorización específica / OnCuba
Cortesía.14ymedio
La Habana/El Gobierno cubano actualizó este lunes sus reglas en el sector de los hidrocarburos y permitirá la inversión de nacionales y extranjeros en función de «las necesidades económicas del país», que enfrenta una profunda crisis energética desde hace dos años.
Entre las medias anunciadas, las refinerías cubanas podrán vender combustible directamente al público, siempre que obtengan una autorización específica, aunque el reglamento no precisa qué organismo debe concederla. La norma figura en el Decreto 184/2026, publicado este lunes en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, número 85, que también permite a las refinerías comercializar sus productos al por mayor, directamente o mediante empresas especializadas.
El Decreto-Ley 135/2026 amplía las posibilidades de participación en la exploración y explotación de yacimientos, así como en el transporte, almacenamiento y comercialización de petróleo y gas. El Decreto 184/2026 desarrolla esas disposiciones.
Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, explicó en una conferencia de prensa en que se presentó la norma que podrán participar mipymes, trabajadores por cuenta propia, empresas privadas cubanas de más de cien empleados e inversionistas extranjeros, de acuerdo con las actividades autorizadas para cada uno.
El artículo 172 del reglamento exige a los comercializadores los registros, licencias y permisos correspondientes. El suministro deberá realizarse mediante contratos y los compradores tendrán que acreditar condiciones técnicas y de seguridad para recibir el producto.
El artículo 105 del Decreto-Ley establece que los precios del petróleo, el gas y sus derivados tomarán como referencia el mercado internacional, de acuerdo con una metodología que fijarán las autoridades económicas. No anuncia precios nuevos ni elimina la intervención estatal en su formación.
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