15 octubre, 2026 /
Cortesía. Prisioners Defenders
Prisoners Defenders documenta 1.351 prisioneros políticos al cierre de septiembre, un nuevo récord absoluto, tras incorporar 50 nuevos casos y registrar 38 bajas. Entre los casos destacados figura un pastor encarcelado después de convocar una oración pública; también se denuncian procesos contra manifestantes, periodistas y menores de edad. El informe examina una causa por supuesto terrorismo con peticiones fiscales de hasta 30 años y alerta de 476 presos políticos en Cuba enfermos que permanecen entre rejas. En octubre continuaron las detenciones y amenazas contra quienes acompañaban a Anna Bensi y a su madre durante el juicio.
Atención, noticia urgente relacionada: Prisoners Defenders sufre un ciberataque informático dirigido inmediatos minutos tras publicar el informe mensual de presos políticos en Cuba
Prisoners Defenders registra 1.351 prisioneros políticos en Cuba al cierre de septiembre de 2026, un récord histórico consecutivo más, tras incorporar 50 nuevos presos políticos y contabilizar 38 bajas correspondientes a personas que dejaron de formar parte de la lista de presos políticos activos en Cuba durante el período, tras la verificación individual de sus respectivas situaciones penales y penitenciarias. El presente informe se hace eco de estas nuevas incorporaciones en septiembre y otros casos de encarcelamiento político recientemente documentados sobre los que hay que poner el foco por sus características represivas.
La persecución contra las voces cristianas destaca en este informe mensual. Entre los casos documentados figura el encarcelamiento de un pastor tras convocar una oración pública por Cuba. El informe recoge también la prisión provisional de un laico católico y un custodio evangélico detenidos en el contexto de protestas por la falta de agua y electricidad. Sus casos muestran cómo la represión está fuera de control, alcanza a integrantes de las comunidades cristianas, y afecta a las labores de servicio y ayuda que desarrollan.
La persecución continuó en los primeros días de octubre con la detención de otro pastor y los operativos de vigilancia, detenciones, interrogatorios y amenazas contra quienes intentaron acompañar a la joven creadora de contenido cristiana y a su madre, Anna Bensi y Caridad Silvente, durante la vista oral del juicio político de ambas. Estas novedades, posteriores al cierre de septiembre pero que por relevantes no hemos querido dejar fuera de este informe, prolongan la presión sobre las voces cristianas y sus redes de solidaridad, con amenazas que alcanzan también a sus familias.
El informe documenta asimismo la persecución contra periodistas independientes, contra activistas de derechos humanos con años de hostigamiento y contra manifestantes que reclamaban servicios básicos. Además, examina los casos de una serie de presos políticos vinculados a una causa presentada como “Terrorismo” según las autoridades en Cuba, con peticiones fiscales que alcanzan los 30 años de prisión. Prisoners Defenders identifica múltiples y gravísimas vulneraciones del debido proceso y del derecho a la defensa, junto con penas solicitadas desproporcionadas respecto de las conductas presuntamente atribuidas individualmente, lo que a nuestro juicio convierte estos juicios en actos que forman parte de una lección represiva a la población con la intención de infundir terror en ella ante cualquier tentación de ejercitar lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en su preámbulo: el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La referencia al “supremo recurso” de la rebelión contra la tiranía y la opresión, contenida en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conecta con la tradición histórica del derecho de resistencia frente al poder arbitrario. Su formulación subraya que la protección efectiva de los derechos humanos mediante un auténtico Estado de Derecho resulta imprescindible para evitar que las personas se vean compelidas (obligadas) a la rebelión, como último recurso. Este principio no exime de examinar individualmente las conductas investigadas ni de respetar los límites establecidos por el derecho internacional, pero obliga a situar cualquier respuesta penal estatal en el contexto del respeto a las libertades fundamentales, la legalidad, la proporcionalidad y las garantías del debido proceso y, ante la ausencia de un Estado de Derecho y la presencia de la opresión, como sucede en Cuba, la respuesta de insurrección de un pueblo podría adquirir incluso una condición de legitimidad moral y política, al ser este “supremo recurso” la última defensa de la dignidad humana.
Es tanta la arbitrariedad procesal en este caso particular, que no existe manera material de justificar, en un proceso penal, la eliminación a tal grado del principio de inocencia y el derecho al debido proceso por causa de intereses políticos: los testimonios se recabaron mediante torturas y sin asistencia letrada independiente, las periciales son de parte y no permiten el principio de contradicción, el aparato fiscal, judicial y de defensa pertenecen y dependen del Estado y por ende (art. 5 de la Constitución cubana) del Comité Central del Partido Comunista, las medidas cautelares de privación de libertad se impusieron de parte (la fiscalía) y sin tutela judicial, y un largo etcétera de violaciones procesales como las mencionadas. Con estas características, se convierte en contra-jurídico, e incluso inhumano, no defender a las víctimas de todo ello. No obstante, los procesados han pasado a formar parte, no de nuestros Convictos de Conciencia en Cuba, sino de la categoría de Otros presos políticos, que ha englobado históricamente situaciones inasumibles en derecho internacional que, incluso en alguna ocasión, también han afectado a miembros del gobierno de Cuba.
La lista total de prisioneros políticos de este mes, 1.351 casos, incluye 152 mujeres (11%) y 40 personas que eran menores de edad (3%) cuando fueron detenidas: 37 chicos y 3 chicas. De estos 40 detenidos siendo menores, 14 han sido condenados por «sedición». En el conjunto global de la lista aún se registran 214 casos por este delito: 138 presos políticos en Cuba permanecen entre rejas y 76 cumplen condenas domiciliares o de trabajo forzoso sin internamiento.
La situación sanitaria agrava el balance de la posibilidad de vivir aún más muertes de presos políticos en Cuba en adelante: 476 presos políticos con enfermedades permanecen encarcelados en Cuba, todos con una negación parcial o total de asistencia médica, donde no les proporcionan ni medicamentos para sus dolencias, que los tienen que llevar los familiares, e incluso así son “confiscados” por los carceleros o les niegan el suministro a los enfermos con fines represivos, y 53 presos políticos presentan problemas de salud psicológica, psiquiátrica o cognitiva en Cuba incompatibles con las condiciones de las prisiones cubanas. Los casos documentados recogen desnutrición severa, falta de insumos médicos y necesidades de atención especializada que comprometen su salud e integridad física y mental.
Se incrementa la represión religiosa y la persecución contra las voces cristianas
Maikel Pupo encarcelado tras convocar una oración pública
El pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada de Camagüey y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, es uno de los nuevos presos políticos incorporados a la lista de septiembre en Cuba. Fue detenido el 26 de septiembre de 2026, después de convocar a varias iglesias a una oración pública por Cuba. Ante las advertencias de las autoridades, pidió a los demás participantes que no asistieran para evitar incidentes. Pese a haber cancelado la convocatoria colectiva, fue arrestado cuando acudió solo al lugar previsto. Permanece bajo prisión provisional en la Prisión Cerámica Roja de Camagüey.
Christian Solidarity Worldwide (CSW) informó el 9 de octubre de que había sido acusado de «Desobediencia«, justificada con el espurio argumento de que las autoridades le habían advertido de no convocar a oración, y de que permaneció nueve días incomunicado antes de su traslado a prisión. La organización señaló también que su hija de 16 años se encuentra hospitalizada en cardiología. Ese mismo 9 de octubre, el pastor Darlon Bermúdez denunció que le habían denegado la libertad bajo fianza al pastor Maikel.
Maikel ya había sufrido represalias en Cuba por apoyar a las familias de los presos políticos anteriormente. El 9 de julio de 2025 fue detenido cuando visitaba a Marta Perdomo Benítez, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, dos Convictos de Conciencia del 11J, con 8 y 6 años de condena de privación de libertad siendo completamente inocentes de todo delito, para entregarle ciertos medicamentos para su nieta. Pasó en torno a catorce horas en paradero desconocido, sometido a interrogatorios bajo coacción y amenazas. Tras su liberación, continuó bajo control policial, sin poder abandonar su domicilio, con una medida cautelar de reclusión domiciliar de facto, impuesta por la Seguridad del Estado y muy habitual en Cuba, cuyo régimen la practica extensamente en las fechas clave de la oposición, como el 11 de julio o el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Su encarcelamiento actual prolonga esa persecución contra la labor pastoral de Maikel Pupo y también, contra la verdadera causa de su privación de libertad: la solidaridad que viene desplegando con las familias represaliadas.
Ariel Limias Leyva: un pastor detenido en octubre tras protestar ante el Capitolio
La represión contra las voces cristianas críticas continuó al empezar octubre con la detención de Ariel Limias Leyva, pastor cristiano y pintor residente en La Habana Vieja, que ha ejercido como pastor de la Iglesia Asamblea de Dios. Su detención en octubre queda fuera del balance de septiembre, pero la gravedad del caso y los antecedentes clínicos de la víctima, con dolencias cardíacas y precedentes recientes de un infarto, justifican su mención en este informe.
Ariel Limias Leyvafue detenido el 2 de octubre de 2026 después de realizar una protesta individual y pacífica ante el Capitolio Nacional de La Habana. Portaba un cartel con mensajes como «No más discriminación política absurda«, «Abajo la dictadura» y «Patria y Vida y Libertad«. Las imágenes del arresto recogidas en la documentación no muestran siquiera resistencia alguna por su parte.
Fue trasladado inicialmente a la estación policial de Dragones, donde permanecía incomunicado y sometido a interrogatorios, según denunció su esposa, Yulia Morales Zamora. El 5 de octubre, Morales y el hermano del pastor acudieron a Villa Marista, donde les comunicaron que se le acusa de «Propaganda enemiga contra el orden constitucional«. El 9 de octubre, la familia confirmó que había recibido información sobre una acusación formal y que la familia buscaba representación legal.
Su situación presenta una especial vulnerabilidad médica. Según su familia, en enero de 2026 sufrió un infarto con una parada cardiorrespiratoria de quince minutos, y desde entonces debe seguir una estricta pauta de medicación y prevención. Estos antecedentes hacen especialmente grave su privación de libertad y exigen garantizar la continuidad del tratamiento y la atención médica. Exhortamos a la comunidad internacional para que se pronuncie en contra de su injustificado procesamiento penal que sin duda pone en riesgo su vida.
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