Human Rights Watch documenta “represión” y “vigilancia” contra excarcelados en Cuba.
Cuatro años después del mayor estallido social desde 1959, Justicia 11J presenta un balance
Human Rights Watch documenta “represión” y “vigilancia” contra excarcelados en Cuba.

Pintada en la posta médica de La Hata, en Guanabacoa, La Habana, este junio, antes de que la borraran. / Facebook/José Raúl Gallego
Cortesía. 14ymedio
11 de julio 2025 – 04:34
Madrid/El informe anual de Justicia 11J, titulado Otro año sin justicia, desmiente la narrativa oficial sobre una supuesta “normalización” del país. Entre julio de 2024 y junio de 2025, la organización documentó 290 protestas en 80 municipios cubanos, incluidas 26 localidades donde nunca antes se había registrado disidencia pública desde el estallido social del 11 de julio de 2021.
Según el informe, al menos el 24% de las manifestaciones pacíficas sufrieron represión directa, y 543 personas permanecen en prisión por motivos políticos. De ellas, 30 son mujeres (14 madres), 14 adultos mayores, 70 activistas y periodistas independientes, y 72 presentan condiciones de salud críticas. “En Cuba, protestar pacíficamente te puede costar más de 20 años de tu vida”, sentenció Camila Rodríguez, directora ejecutiva de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, que gestiona el programa Justicia 11J.
El documento señala que los picos más altos de movilización ocurrieron en octubre y noviembre de 2024, tras el colapso total del sistema eléctrico nacional, y en junio de 2025, cuando aumentaron abruptamente las tarifas de internet impuestas por Etecsa. Este último evento provocó algo inédito desde 1959: declaraciones públicas de paro por parte de colectivos universitarios.
Una de las novedades más destacadas del periodo fue la aparición de grupos como Los Excluibles y Autodefensas del Pueblo (ADP), que ejecutaron acciones simbólicas contra íconos del régimen. Además, las protestas con daño a la propiedad estatal se duplicaron con respecto al año anterior (31 eventos), reflejando un rechazo creciente a las estructuras materiales del poder. También se documentaron 86 cacerolazos y 88 acciones individuales como grafitis o carteles, lo que demuestra la persistencia ciudadana pese a la represión.
En cuanto al perfil racial, el informe alerta que el 33% de los detenidos afrodescendientes permanecen en prisión, frente al 22% de personas blancas. “Este sesgo refleja patrones estructurales de discriminación en el sistema penal cubano”, señala Justicia 11J.
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